República Dominicana sigue entre los países cuyos ciudadanos deben tramitar visado para ingresar al espacio Schengen, una condición que la mantiene dentro de una categoría migratoria que la diplomacia dominicana ha buscado desmontar desde hace años. El esquema europeo, consolidado con el Reglamento 539/2001, continúa situando al país junto a un grupo reducido de naciones iberoamericanas sujetas a esa restricción.
La paradoja es especialmente sensible porque, aunque se trata de la economía más grande del Caribe insular y una de las de mayor crecimiento regional en las últimas décadas, el país no ha conseguido convertir ese desempeño en una mejora de su acceso al espacio europeo de libre circulación. Bruselas no fundamenta su evaluación en variables económicas, sino en indicadores como permanencia irregular, solicitudes de asilo, seguridad documental y comportamiento estadístico de los viajeros.
Ese panorama vuelve a plantear la necesidad de explicaciones sobre los resultados concretos de las gestiones oficiales en un asunto que incide de forma directa en la movilidad internacional de los dominicanos. Mientras otros Estados caribeños con menor tamaño poblacional disfrutan de entrada sin visado, República Dominicana sigue sometida a controles documentales reforzados y a una percepción de riesgo migratorio que arrastra desde los años noventa.