SANTO DOMINGO.– La discusión en torno al nuevo Código Penal volvió a generar alertas institucionales después de que el vicepresidente ejecutivo de Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, advirtiera que la redacción actual del artículo 209, que tipifica la llamada “difamación extorsiva”, plantea riesgos constitucionales y podría usarse como una herramienta contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo.
Al analizar la disposición, Castaños Guzmán indicó que, aunque pretende responder al uso de los medios de comunicación y las plataformas digitales para ejercer chantaje o presión sobre terceros, la fórmula adoptada no incorpora los contrapesos necesarios para impedir abusos. Explicó que la figura penal procura sancionar la amenaza de divulgar informaciones que afecten la reputación de otra persona para obtener beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza, pero advirtió que la norma omite elementos esenciales como la veracidad de la información y el interés público de los hechos divulgados.
“El legislador ha identificado correctamente el problema del chantaje mediático, pero la solución punitiva propuesta no establece salvaguardas suficientes para diferenciar una conducta extorsiva de una denuncia legítima o de una investigación periodística realizada en beneficio del interés público”, señaló. A juicio del jurista, la ausencia de una cláusula que excluya responsabilidad penal cuando la divulgación persiga fines legítimos de denuncia abre la puerta a interpretaciones amplias, con el riesgo de criminalizar labores propias del periodismo y de la fiscalización ciudadana. También observó la amplitud de la expresión “beneficio de cualquier naturaleza”, al entender que puede reforzar ese margen de discrecionalidad.