Las condenas conocidas esta semana en el caso Coral y Coral 5G devolvieron a primer plano una de las respuestas más recordadas del poder frente a las denuncias sobre el manejo de recursos públicos: “¿Cuál corrupción?”. En 2016, mientras distintos sectores advertían irregularidades, el entonces presidente Danilo Medina apeló a esa frase, que sus seguidores usaron después para sostener que la gestión estaba libre de actos ilícitos.
La sentencia del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional plantea ahora un marcado contraste con aquel discurso. El tribunal impuso 20 años de prisión al mayor general Adán Cáceres Silvestre, al general Juan Carlos Torres Robiou y al coronel de la Policía Nacional Rafael Núñez de Aza, al hallarlos culpables de integrar un entramado de corrupción y lavado de activos que desfalcó al Estado dominicano con miles de millones de pesos. También fueron condenados a 15 años de prisión el general Julio Camilo de los Santos Viola y la pastora Rossy Guzmán.
A Esmeralda Ortega Polanco, Boanerges Reyes Batista, José Manuel Rosario Pirón, Kelman Santana Martínez y Franklin Antonio Mata Flores les fueron dictadas condenas de 10 años de prisión. Más que cerrar un expediente judicial, el fallo reactiva la exigencia de vigilancia sobre el uso de los fondos públicos y deja en evidencia el costo institucional de ignorar a tiempo las alertas sobre corrupción.