A través del consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa, el presidente Luis Abinader remitió al Senado un proyecto que busca modificar el artículo 1 del Código Civil dominicano para fijar un plazo único de entrada en vigencia de las leyes en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo. La propuesta surge ante la diferencia actual entre ambas demarcaciones, que genera un desfase de un día y puede traducirse en desigualdad en la aplicación de las normas, además de afectar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
La iniciativa incorpora también el reconocimiento de las publicaciones de leyes en medios electrónicos oficiales como válidas, con el mismo efecto jurídico que la difusión impresa. Aunque el Ejecutivo presenta la medida como parte de una modernización del sistema jurídico y de una divulgación más rápida y transparente, la reforma pone sobre la mesa la necesidad de que el Congreso supervise cómo se garantiza el acceso ciudadano a las normas y la aplicación uniforme de la ley en una zona de alta integración social, económica, laboral y educativa.
El proyecto entra al Congreso con el argumento de adecuar la legislación a la realidad actual del Gran Santo Domingo. Sin embargo, el propio planteamiento oficial admite que el esquema vigente conserva una diferencia que puede afectar derechos y generar incertidumbre, lo que obliga ahora al Senado a examinar con rigor el alcance institucional de los cambios antes de convertirlos en ley.