El manejo que reciben los procesos penales dentro de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional sigue siendo distinto según el rango, con efectos institucionales y presupuestarios que vuelven a colocar bajo la lupa la administración del régimen disciplinario. En el llamado “Caso Coral”, los oficiales encabezados por el exjefe del CUSEP, mayor general Adam Cáceres, han atravesado las distintas fases del sistema penal ordinario y, pese a una condena en primer grado emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, permanecen como oficiales activos suspendidos y reciben sus salarios base, bajo el criterio de que la separación definitiva exige una sentencia irrevocable.
La diferencia se hace más visible en expedientes que no atraen la misma atención mediática. Allí, oficiales subalternos, superiores y alistados son cancelados o retirados de inmediato con la sola imposición de una medida de coerción ordinaria, como presentación periódica o garantía económica, o a partir de un informe de una comisión investigadora interna, sin esperar la apertura a juicio ni los recursos de apelación o casación.
Esa dualidad procedimental no solo abre un debate sobre el debido proceso y la presunción de inocencia, sino que también arrastra consecuencias legales para el Estado. Según el texto, esta práctica lleva al Tribunal Superior Administrativo a fallar de forma constante a favor de los desvinculados por violación al debido proceso, en un escenario que refuerza las exigencias de fiscalización sobre decisiones administrativas que terminan impactando tanto la institucionalidad como el uso de recursos públicos.