Un acta del Ministerio Público levantada el 13 de mayo de 2026 por la procuradora fiscal Mariana Álvarez, del Departamento de Violencia de Género y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este, dejó constancia de que Esmeralda Moronta de los Santos decidió no ser trasladada a una casa de acogida horas antes de ser asesinada por su expareja. En el documento, titulado «Acta de Constancia de Declaración», también se consigna que se le explicó que, si no acudía a ese recurso, el Ministerio Público no se responsabilizaba de lo que pudiera ocurrirle. Después de eso, la joven regresó a su vivienda. Horas más tarde estaba muerta.
El caso, que sigue estremeciendo al país, coloca bajo escrutinio la respuesta institucional frente a una denuncia de alto riesgo. Esmeralda, de 33 años y madre de dos niños, de 10 y 3 años, acudió ese miércoles junto a una amiga a la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de la calle Puerto Rico, en Alma Rosa, Santo Domingo Este, donde denunció a Omar Tejada Guzmán por acoso, amenazas y rastreo mediante GPS. Según las informaciones preliminares, dijo temer por su vida y solicitó una orden de alejamiento. El informe policial indica que la querella fue presentada a las 2:52 de la tarde.
Minutos después, la tragedia empezó a desarrollarse en plena vía pública. Cámaras de seguridad captaron a Esmeralda corriendo por la calle Puerto Rico tras percatarse de que Omar Tejada Guzmán la perseguía. La secuencia, sumada al contenido del acta oficial, refuerza la dimensión institucional de un crimen que ahora no solo conmueve por su desenlace, sino por las explicaciones pendientes sobre la protección efectiva que recibió la víctima tras acudir a denunciar.