La actuación de la Policía Nacional frente a una marcha pacífica en apoyo a una planta de residuos sólidos en El Aguacate, municipio Pedro Brand, volvió a poner bajo la lupa el proceder de las autoridades en La Cuaba. De acuerdo con la denuncia de los manifestantes, los agentes arrojaron bombas lacrimógenas y cerraron los accesos a la zona, pese a que la movilización contaba con permisos del Ministerio de Interior y Policía, el Intrant y la Alcaldía de Pedro Brand.
En la actividad tomaban parte comunitarios de distintas localidades de Pedro Brand, quienes avanzaban por la circunvalación de Santo Domingo rumbo al área donde se proyecta ubicar la iniciativa. Los participantes afirmaron que la marcha pretendía manifestar respaldo a una propuesta que asocian con desarrollo, empleos e inversión para el municipio, pero la respuesta policial provocó tensión y reavivó exigencias de rendición de cuentas por el uso de la fuerza contra ciudadanos que, según su versión, actuaban de forma ordenada.
A ello se suma la denuncia de que opositores al proyecto sí han podido marchar sin enfrentar una reacción comparable, lo que introduce un elemento de contraste sobre el manejo institucional del conflicto. El episodio deja abiertas interrogantes sobre los criterios aplicados por las autoridades y sobre la capacidad del poder público para garantizar derechos en igualdad de condiciones, especialmente en un asunto con impacto directo sobre comunidades de Pedro Brand.