El recorrido sobre la experiencia de Gallup en procesos electorales vuelve a colocar en primer plano un problema de fondo: la presión que se ejerce sobre las mediciones cuando sus resultados incomodan a sectores políticos y de poder. El texto repasa años de “traición, maltrato y difamación” contra la firma desde 1990 y señala que esos episodios reaparecen en cada campaña, en un ambiente donde la descalificación desplaza el debate sobre los datos.
Según el autor, desde 1996 las diferencias netas de Gallup frente a las juntas electorales se han mantenido cerca de 1%, aunque también recuerda que las encuestas no son predictivas ni infalibles. Pese a ello, denuncia ataques de “sicarios radiofónicos de gobiernos y partidos”, como muestra de cómo el entorno electoral puede degradarse cuando se intenta desacreditar información adversa en lugar de someterla a contraste público.
Entre los episodios que rescata figura uno de los más tensos: una encuesta de 1994 encargada por un grupo allegado a la PUCMM, que registró un virtual empate entre Peña Gómez, con 37.8, y Balaguer, con 38%. Más que una anécdota, el caso queda planteado como una advertencia institucional: cuando los números resultan incómodos, la reacción de actores ligados al poder puede transformarse en una presión adicional que obliga a reforzar la vigilancia ciudadana sobre la limpieza del debate electoral.