Carolina Mejía llevó su aspiración presidencial al centro del debate político al afirmar en un acto en Santiago, ante simpatizantes y dirigencia del PRM, que será la candidata de su partido y presidenta de la República en 2028. Lo dijo de manera explícita por segunda vez en una semana, en una señal que reforzó su posicionamiento interno y coincidió con un momento de creciente cuestionamiento sobre el respeto a los plazos establecidos por la normativa electoral.
Dos horas más tarde, Participación Ciudadana advirtió que la campaña de 2028 ya comenzó en la práctica, aunque la ley la prohíbe fuera de plazo, y señaló que se están realizando actividades proselitistas con más de un año de antelación. Así, una frase como “seré presidenta en 2028” deja de ser únicamente una muestra de liderazgo y pasa a alimentar la discusión sobre una apertura temprana del ciclo electoral.
La organización también afirmó que la política se está moviendo “como si el calendario no existiera”, en un escenario de presiones económicas que exigirían atención plena del Estado. El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio al PRM y a sus principales figuras, al contraponer el activismo electoral con la obligación de respetar la ley y de centrar las prioridades públicas en los problemas que enfrenta la ciudadanía.