Por segunda ocasión fue aplazada en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional la solicitud de medida de coerción contra nueve detenidos señalados de integrar una red que habría estafado con más de 200 millones de pesos a una institución financiera. En esta oportunidad, el magistrado Rigoberto Sena acogió un pedimento de la defensa para reunir «arraigos» con los que busca evitar el envío a prisión de sus clientes.
La nueva postergación llega después de que una primera audiencia celebrada el sábado se moviera para este lunes y volviera a diferirse. Al mismo tiempo, la directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la procuradora de corte Lewina Tavárez, adelantó que el miércoles pedirán fusionar la imputación de los últimos arrestados con la de los primeros seis, en un expediente que el órgano acusador quiere declarar complejo y por el que solicita doce meses de prisión preventiva.
Las autoridades indicaron que entre los bienes ocupados figuran tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, 408,186 pesos en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles. Los arrestos fueron realizados en operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo, pero la segunda reprogramación vuelve a poner el foco en la necesidad de que el proceso avance sin más dilaciones en un caso de alto impacto económico.