SANTO DOMINGO. – El proceso penal abierto contra el comunicador Carlos Enrique Rubio Martínez por presunta difamación e injuria mediante medios digitales vuelve a poner bajo observación señalamientos que alcanzaron al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y a supuestas actuaciones irregulares vinculadas con contratistas del Estado. El expediente, que podría desembocar en su extradición y en una comparecencia obligatoria ante tribunales dominicanos, fue impulsado por el empresario Alejandro Felipe Mauad Astwood ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
De acuerdo con la documentación depositada ante el Ministerio Público, Rubio difundió en redes sociales publicaciones en las que asociaba a Mauad con supuestas influencias dentro del MOPC, además de alegadas irregularidades. La querella afirma que esas acusaciones no tenían sustento, fueron divulgadas de forma pública para perjudicar la reputación y credibilidad de los denunciantes e incluyeron referencias a la esposa del empresario con fotografías e informaciones de carácter personal y familiar.
La acción fue presentada al amparo de los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Los denunciantes sostienen que las expresiones atribuidas a Rubio fueron más allá de la opinión y se transformaron en imputaciones directas sobre presuntos actos de corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder. Con Rubio residiendo actualmente en Florida, Estados Unidos, el expediente incorpora una dimensión internacional, mientras el caso vuelve a colocar en primer plano la necesidad de esclarecer en sede judicial denuncias que rozan áreas sensibles de la gestión pública.