La pena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos dictados contra el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), vuelve a situar el caso Coral como una advertencia sobre la administración de recursos en áreas sensibles del Estado. El proceso, junto con su ampliación Coral 5G, ha sido descrito como uno de los expedientes más grandes por presunta corrupción administrativa en la historia reciente del país.
La investigación del Ministerio Público afirma que una estructura formada por altos oficiales militares, policiales y civiles habría desviado recursos públicos mediante nóminas irregulares, fondos de inteligencia y maniobras de lavado de activos. De acuerdo con la acusación, el entramado operó durante varios años con recursos asignados al Cusep y al Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur, hoy Politur), lo que mantiene abierto el debate sobre la supervisión institucional en dependencias que manejan fondos públicos.
El expediente se inició con la operación Coral, realizada el 24 de abril de 2021, y fue ampliado en noviembre de ese mismo año con Coral 5G, cuando se sumaron nuevos imputados, entre ellos generales, coroneles, empresarios y civiles. La acusación añade que la red habría reunido bienes y activos valorados en más de RD$4,500 millones, entre propiedades, empresas, fincas y vehículos, un dato que conserva viva la demanda de rendición de cuentas sobre cómo se controlaron esos recursos y por qué el esquema pudo sostenerse durante años.