SANTO DOMINGO. – La denuncia del empresario Odanis Grullón por el desalojo y destrucción de su establecimiento “Navío Bar & Seafood”, en la playa de Pedernales, vuelve a poner bajo la lupa la actuación de las autoridades que participaron en el operativo. Según relató, miembros del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) ejecutaron la intervención de forma presuntamente irregular, aunque afirma que el proyecto tenía permisos legales y una sentencia judicial que suspendía provisionalmente la medida.
Grullón señaló que su iniciativa turística se desarrolló desde 2017 y que completó los procesos requeridos ante distintas instituciones del Estado. Aseguró que obtuvo autorizaciones de la alcaldía de Pedernales, permisos medioambientales y no objeciones de organismos vinculados al control marítimo y territorial, por lo que el caso reabre el debate sobre la coherencia entre los trámites aprobados por el propio Estado y las acciones posteriores de sus organismos.
De acuerdo con su versión, el pasado martes el operativo fue encabezado presuntamente por el director del SENPA, sin orden judicial ni presencia de representantes del Ministerio Público. Agregó además que, luego de recibir una notificación de desalojo del Ministerio de Medio Ambiente, acudió a los tribunales y obtuvo una decisión que suspendía la ejecución. La denuncia, presentada en “El Nuevo Diario en la Tarde”, aumenta la presión para esclarecer si hubo violación de garantías y uso irregular del poder en un caso con impacto sobre la confianza en la gestión pública en Pedernales.