La Operación XL526, presentada por el Ministerio Público contra una presunta red dedicada a la extorsión y al lavado de activos, pasó del impacto operativo al plano de la fiscalización institucional luego de que abogados defensores denunciaran supuestas irregularidades y vulneraciones de derechos fundamentales de los detenidos.
De acuerdo con los juristas, en los 28 allanamientos efectuados en Santiago y Puerto Plata hubo detenciones sin las debidas órdenes judiciales, además de restricciones para acceder a la defensa técnica. También aseguran que algunos imputados quedaron incomunicados y no pudieron hablar con familiares ni con sus representantes legales durante las primeras horas, al tiempo que ponen en duda la presentación de pruebas por un supuesto incumplimiento de los protocolos de cadena de custodia.
La operación dejó 20 arrestos, incluidos cinco señalados como cabecillas, y fue ejecutada por 35 fiscales junto con la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado y HSI Santo Domingo. Aunque el Ministerio Público sostiene la legalidad del caso y afirma que dispone de abundante evidencia de estafa, chantaje y lavado de activos mediante criptomonedas y transferencias electrónicas, las denuncias de la defensa colocan el foco en la obligación de rendir cuentas sobre el respeto a las garantías constitucionales en un proceso de alto perfil.