La vivencia de una madre dominicana de la diáspora vuelve a poner bajo la lupa la distancia entre lo que se aprueba en el papel y lo que finalmente reciben las familias. Después de afiliarse a SENASA en el Consulado de Miami y valorar su retorno al país con una hija con autismo, se topó con una consulta de psiquiatría infantil de RD$10,000.00 que el seguro no cubría. Según relata, la respuesta fue que ese escenario no contemplaba esa cobertura.
Al llevar la consulta ante la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la contestación confirmó el problema de fondo: aunque la República Dominicana cuenta con la Ley 34-23 para la atención, inclusión y protección de las personas con trastorno del espectro autista, no habría una asignación presupuestaria suficiente para convertir ese reconocimiento en acceso tangible. Así, el caso reabre una alerta institucional sobre la eficacia de aprobar normas sin asegurar los recursos para ejecutarlas.
Más que un debate jurídico, el planteamiento remite a un problema de gestión pública y de prioridades. La existencia de una ley no impide que las familias sigan enfrentando barreras de cobertura, costos altos y servicios limitados. El contraste entre discurso y realidad deja en evidencia que, sin presupuesto y sin una ejecución efectiva, la promesa de inclusión se reduce a simbolismo mientras continúan necesidades concretas sin respuesta.