El Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras regresó al debate público después del motín registrado recientemente en sus instalaciones, apenas siete meses tras entrar en funcionamiento. El hecho golpea la narrativa con la que la obra fue presentada por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones (MIVED), junto a la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC), como una respuesta estructural al hacinamiento y la precariedad de La Victoria.
En su inauguración, las autoridades exhibieron el recinto como un modelo penitenciario sustentado en seguridad, rehabilitación y control institucional. Asimismo, resaltaron que su capacidad inicial era de 2,400 internos en una primera etapa, con proyección de hasta 8,500 privados de libertad, además de un sistema progresivo respaldado por educación obligatoria, trabajo y disciplina bajo la premisa de “cero ocio”.
A esa apuesta se añadió una fuerte inversión en infraestructura y tecnología, con videovigilancia, controles de acceso automatizados, sensores, áreas para fuerzas especiales y un centro de monitoreo para atender emergencias. Sin embargo, el motín vuelve a someter a fiscalización si ese despliegue ha sido suficiente para garantizar el control y los resultados anunciados en un proyecto presentado como emblema de transformación del sistema penitenciario.